La decisión del Gobierno español de conceder cinco indultos parciales ha provocado malestar dentro del PSOE, especialmente porque tres de los beneficiarios habían sido condenados por delitos relacionados con la corrupción. Las medidas fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el mismo día en que el Ejecutivo anunció la creación de una Agencia de Integridad Pública y presentó un anteproyecto de ley sobre integridad pública.
Entre los beneficiarios figuran la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs; el exalcalde socialista de Linares, Juan Fernández; y el gestor cultural Natalio Grueso. Dirigentes socialistas consultados por The Objective cuestionaron el momento elegido para anunciar las medidas y consideraron que la decisión puede resultar difícil de justificar ante la ciudadanía, especialmente en un contexto marcado por investigaciones y condenas relacionadas con corrupción.
Uno de los asuntos que más polémica ha suscitado es el caso de Borràs. A la antigua dirigente catalana, sobre la que recayó una condena por trocear contratos mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas, se le atenuará la pena privativa de libertad, pasando de cuatro años y medio a dos. Siguen en pie la sanción económica y los 13 años de inhabilitación. El Gobierno central esgrimió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había juzgado desmedida la condena de cárcel.
La decisión también provocó críticas dentro del propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cuestionó públicamente la concesión de indultos por delitos de corrupción y sostuvo que la medida puede perjudicar la credibilidad del partido en un momento especialmente delicado. También rechazó que se establezcan diferencias dependiendo de la afiliación política de las personas condenadas.
Otros dirigentes socialistas consultados por el medio consideran que el indulto a Borràs podría estar relacionado con la necesidad del Gobierno de mantener apoyos parlamentarios de Junts. Esta interpretación aparece en medio de las dificultades del Ejecutivo para mantener una mayoría estable y después de que la expresidenta del Parlamento catalán no pudiera beneficiarse de la ley de amnistía.
El segundo asunto vinculado a un exdirigente del PSOE recae sobre Juan Fernández, antiguo regidor de Linares. Su pena de tres años de cárcel quedó rebajada a dos, al tiempo que se ratificó su inhabilitación por un periodo de siete años. Dicha petición contó con dictámenes positivos del órgano judicial juzgador, el aval de las formaciones municipales socialista y popular, el respaldo del consistorio y el apoyo de una entidad vecinal.
Natalio Grueso, antiguo director de la Fundación Centro Niemeyer de Avilés, también recibió un indulto parcial. El Gobierno decidió perdonar la pena de prisión, que formaba parte de una condena de ocho años de cárcel, ocho de inhabilitación y una multa. La medida fue solicitada por personas vinculadas al sector audiovisual y se justificó por razones humanitarias relacionadas con su estado de salud.
Grueso había sido condenado por irregularidades relacionadas con su gestión de la institución cultural, entre ellas facturas consideradas injustificadas por la Justicia. Tras la sentencia permaneció fuera de España durante más de dos años y fue localizado y detenido en Portugal en diciembre del año anterior.
Los otros dos indultos autorizados por el Consejo de Ministros atañen a ciudadanos penados por delitos contra la salud pública. En tales supuestos, las sanciones de privación de libertad disminuyeron hasta los dos años, contando además con los dictámenes benévolos de la Fiscalía y los órganos judiciales encargados de dictar sentencia.
La coincidencia en el tiempo de estas medidas de gracia y la presentación de nuevas acciones anticorrupción ha desatado una intensa controversia en las filas del socialismo español. A pesar de que el Ejecutivo respalda sus actuaciones, voces críticas situadas dentro del PSOE ponen en duda que otorgar dichos indultos transmita una señal coherente en relación con las promesas de renovación democrática y honradez institucional.
Fuente: The Objective — The Objective
