Un panel de expertos de Naciones Unidas solicitó investigaciones independientes sobre la fiscal general saliente de Guatemala, Consuelo Porras, debido a posibles vínculos con procesos de adopción internacional presuntamente ilegales que involucraron a niños indígenas. La petición se relaciona con un hogar infantil del que Porras fue directora durante siete meses en 1982.
La ONU indicó que le llegó información acerca de al menos 80 niños indígenas ingresados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, un establecimiento que más tarde cerró sus puertas. Los especialistas manifestaron su inquietud ante la ausencia de indagaciones que esclarezcan con autonomía e imparcialidad el destino de los menores y el eventual grado de implicación de los funcionarios públicos en tales hechos.
El asunto cobra importancia a raíz de la trayectoria de Porras al mando del Ministerio Público de Guatemala. En el transcurso de su administración, agrupaciones defensoras de derechos humanos y sectores detractores señalaron una persecución dirigida hacia jueces, fiscales y comunicadores que indagaban en tramas de corrupción o ponían en tela de juicio el proceder gubernamental.
Uno de los momentos más memorables de su gestión resultó ser el choque frontal con la antigua fiscal general Thelma Aldana. Tras el intento de Aldana por postularse a la Presidencia de Guatemala, la entidad fiscal encabezada por Porras formuló cargos en su contra y libró una orden de aprehensión, situación que motivó la salida de la exfuncionaria del territorio nacional para radicar en Estados Unidos.
El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, también cuestionó la actuación de Porras. Según su testimonio citado por BBC Mundo, durante su administración algunas denuncias que podían involucrar al entonces presidente Alejandro Giammattei y personas de su entorno eran remitidas a otras fiscalías, lo que, según Sandoval, dificultaba el avance de las investigaciones.
Las nuevas solicitudes de Naciones Unidas llegan cuando Porras concluye su segundo período como fiscal general y se suma a las críticas acumuladas durante sus años al frente del Ministerio Público. El llamado de los expertos busca esclarecer las denuncias relacionadas con los niños indígenas y determinar si hubo responsabilidades de funcionarios públicos en los procesos de adopción señalados.
El caso también vuelve a poner bajo escrutinio la situación de los derechos humanos y la administración de justicia en Guatemala, particularmente en relación con las investigaciones sobre posibles abusos cometidos contra comunidades indígenas y con la actuación de las instituciones encargadas de garantizar la rendición de cuentas.
Fuente: BBC News Mundo — BBC News Mundo
