La pieza SEPI vinculada al caso Leire ha colocado en el punto de mira a Fernando Albert Aragón, antiguo secretario general y máximo responsable del departamento jurídico de SEPIDES, la entidad pública estatal orientada al impulso industrial y al crecimiento empresarial bajo la órbita de la SEPI. Su identidad figura ligada a una de las transacciones más delicadas del procedimiento judicial: el acuerdo comercial concerniente al Parque Empresarial Principado de Asturias, identificado popularmente como PEPA.
Albert Aragón no figura en la investigación como un mero nombre añadido a un registro. De acuerdo con los datos difundidos, ejerció como secretario general y director del departamento legal de SEPIDES, además de presidir la mesa de contratación del PEPA. Dicho cargo cobra especial relevancia debido a que lo colocaba en el centro neurálgico del proceso: el órgano responsable de evaluar y gestionar una adjudicación pública que actualmente se encuentra investigada.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz lo ha incluido entre los 25 investigados en la ampliación del caso Leire, una derivada que analiza presuntas irregularidades en operaciones vinculadas a la SEPI, empresas públicas y sociedades estratégicas. La causa investiga posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. En esta fase, Albert Aragón conserva plenamente la presunción de inocencia y su citación como investigado no equivale a una condena.
El foco sobre su papel se concentra en la contratación vinculada al Parque Empresarial Principado de Asturias. Según las informaciones conocidas, la presunta red investigada habría intervenido en esa operación a través de contactos dentro del entorno SEPI-SEPIDES. El punto más delicado es si la mesa de contratación pudo validar o favorecer una oferta que los investigadores consideran sospechosa, y si esa decisión facilitó beneficios económicos a empresas relacionadas con la trama.
La gravedad institucional de este asunto radica en que una mesa de contratación pública tiene la obligación de constituirse precisamente como el ámbito donde se aseguran la transparencia, la paridad entre los licitadores y el respeto a la legalidad vigente. Cuando el máximo responsable de un órgano de contratación acaba siendo investigado dentro de un procedimiento por supuestas adjudicaciones fraudulentas, surge una incógnita ineludible: ¿fallaron los mecanismos de supervisión o acaso el proceso licitador estuvo condicionado por factores ajenos?
Según publicó elDiario.es, Fernando Albert Aragón figura como secretario general y director de la Asesoría Jurídica de SEPIDES, además de presidente de la mesa de contratación del PEPA. Esa triple condición —jurídica, administrativa y decisoria dentro del procedimiento— convierte su papel en uno de los más relevantes para reconstruir cómo se desarrolló esa operación y si existieron irregularidades en su tramitación.
La instrucción judicial de la Audiencia Nacional trasciende el caso de Tubos Reunidos, por más que dicha ayuda financiera de 112,8 millones de euros constituya el núcleo principal de la pieza SEPI. Asimismo, se examinan transacciones asociadas a Mercasa, ENUSA, Forestalia y el Parque Empresarial Principado de Asturias. Globalmente, las pesquisas pretenden esclarecer si una supuesta trama dirigida por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso logró condicionar resoluciones estatales con el propósito de lucrarse o acaparar beneficios.
En lo que respecta al PEPA, las suspicacias alcanzan una vertiente sumamente técnica. Ya no se limita a averiguar la existencia de nexos políticos o mercantiles, sino que exige examinar expedientes, pautas de concesión, dictámenes legales, tasaciones de propuestas y resoluciones tomadas por el órgano de contratación. En este punto, la labor de Albert Aragón cobra un peso determinante: en calidad de director legal y máximo representante de la mesa, tuvo la oportunidad de incidir de forma directa en etapas clave del proceso.
Algún medio ha apuntado que la transacción indagada guardaría relación con una propuesta calificada como “anormalmente baja” junto a presuntas coimas vinculadas a la red. tales aspectos tendrán que ser probados durante la investigación, aunque esto justifica el motivo por el cual la Audiencia Nacional ha centrado su atención en los intervinientes en la gestión y aprobación del convenio. En un procedimiento de esta índole, los expedientes burocráticos llegan a ser tan relevantes como los diálogos o las transacciones monetarias.
Desde una perspectiva de denuncia institucional, la imputación de Fernando Albert Aragón plantea un problema serio para la credibilidad de la contratación pública. Si las adjudicaciones se manipulan desde dentro, el daño no afecta solo a una empresa concreta: afecta a todos los competidores, al dinero público y a la confianza ciudadana en que los concursos se resuelven por mérito, precio y legalidad, no por contactos o favores.
La Audiencia Nacional deberá aclarar ahora cuál fue exactamente su papel en el expediente del PEPA, qué criterios aplicó la mesa de contratación, si hubo advertencias técnicas, si se valoraron correctamente las ofertas y si existió algún contacto con personas vinculadas a la presunta red de Leire Díez. También será clave determinar si su actuación fue estrictamente jurídica y administrativa o si pudo contribuir a validar una operación contaminada por influencias externas.
Su citación como investigado tiene un impacto evidente: un antiguo responsable jurídico de SEPIDES y presidente de una mesa de contratación pública deberá explicar ante el juez su papel en una operación bajo sospecha. En una causa que afecta a empresas públicas, contratos, ayudas millonarias y presuntas comisiones, esa explicación no puede quedar en la sombra.
La pieza SEPI del caso Leire sigue mostrando que la supuesta trama no se habría movido únicamente en los despachos políticos, sino también en los engranajes administrativos donde se tramitan expedientes, se valoran ofertas y se adjudican contratos. En ese mapa, Fernando Albert Aragón aparece como una pieza clave para saber si el contrato del PEPA fue un procedimiento limpio o una operación más dentro de una red de influencia que ahora investiga la Audiencia Nacional.
Fuente: elDiario.es, El País, Cadena SER, Libertad Digital, El Español, Infobae y RTVE.
